El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos impulsa a reflexionar sobre los avances en la protección de los derechos de las mujeres y los desafíos persistentes en la lucha contra la violencia machista.
Este artículo aborda cuestiones como los derechos fundamentales de las mujeres, las barreras estructurales que perpetúan la violencia de género, y las implicaciones jurídicas de legislaciones recientes, como la Ley Trans, cuyo impacto en los derechos de las mujeres genera preocupación por sus posibles efectos nocivos en la igualdad y la protección jurídica frente a la violencia.
1. Violencia machista: Un problema sistemático y estructural
La violencia machista constituye una de las mayores lacras sociales. En España, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se erige como un referente en la lucha jurídica contra este problema. Sin embargo, las estadísticas sobre feminicidios y las persistentes barreras para las víctimas evidencian que la violencia sigue profundamente arraigada en nuestra sociedad.
Entre las principales barreras está la falta de recursos especializados en las áreas rurales, la insuficiencia de formación en perspectiva de género para jueces y fiscales, y la necesidad de fortalecer las medidas preventivas en el ámbito educativo. Es imprescindible un enfoque integral que aborde tanto las respuestas judiciales como las causas estructurales de la violencia machista.
2. Derechos de las mujeres: Logros y retrocesos
El reconocimiento de los derechos de las mujeres ha avanzado significativamente en las últimas décadas, pero persisten retos que amenazan con desdibujar esos logros. El acceso a derechos fundamentales, como la igualdad salarial, la representación política y la protección frente a la violencia sexual, sigue enfrentando resistencias y barreras normativas.
Un ejemplo crítico de retroceso es el impacto de legislaciones que, bajo el principio de inclusión, han generado situaciones contradictorias y potencialmente perjudiciales para las mujeres. Estas normativas, como la Ley Trans, plantean serios desafíos en términos de seguridad jurídica, igualdad y protección frente a la violencia.
3. La Ley Trans: Amenazas para los Derechos de las Mujeres
La Ley Trans, aprobada con el objetivo de garantizar la autodeterminación de género, ha generado un intenso debate jurídico y social. Este marco normativo permite que cualquier persona mayor de 16 años solicite el cambio de sexo registral sin necesidad de aportar informes médicos ni psicológicos. Si bien la protección de los derechos de las personas trans es crucial, esta legislación atenta contra los derechos de las mujeres:
1. Borrado Jurídico de las Mujeres:
Al permitir el cambio de sexo registral basado únicamente en la autodeterminación, se desdibuja la categoría jurídica de «mujer» como sujeto específico de protección, esencial en leyes como la Ley Orgánica 1/2004 y otras normativas que reconocen la vulnerabilidad estructural de las mujeres frente a la violencia.
2. Riesgo de Fraude en el Registro de Sexo:
La ausencia de requisitos para el cambio de sexo en el registro civil abre la puerta a posibles fraudes. Esto podría ser aprovechado por individuos con intenciones ilícitas para acceder a espacios seguros para mujeres, como refugios para víctimas de violencia machista, o para beneficiarse de cuotas y medidas de acción positiva destinadas a corregir desigualdades históricas.
3. Impacto en los Espacios Segregados:
La autodeterminación sin control crea tensiones en espacios segregados por sexo, como vestuarios, cárceles y competiciones deportivas, donde las mujeres corren el riesgo de ver sus derechos erosionados frente a la inclusión desregulada.
Es fundamental replantear esta normativa para proteger los derechos de las mujeres, equilibrando la necesidad de inclusión con la seguridad jurídica y la igualdad material.
4. Violencia Sexual y Cultura de la Impunidad
La violencia sexual sigue siendo una de las manifestaciones más extremas de la violencia de género. A pesar de los avances legislativos, la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual nació carente de la idoneidad requerida y produjo graves consecuencias con reducciones de condenas y excarcelaciones que supusieron un duro golpe para las mujeres y especialmente para las víctimas, por el carente rigor del legislador. Por otro lado, es imprescindible un cambio de rumbo que las campañas de sensibilización sobre todo en relación con los jóvenes y medidas contra la pornografía que confunde y potencia la cultura de violencia y violación sobre las mujeres.
5. Hacia un Marco Jurídico Más Eficaz y Coherente
El 25 de noviembre debe ser un llamado a la acción para consolidar un marco jurídico coherente que proteja efectivamente a las mujeres frente a la violencia y garantice su igualdad real. Esto implica:
5.1. Revisión de la Ley Trans:
Introducir mecanismos que eviten fraudes en el registro de sexo y aseguren que las medidas de protección específicas para las mujeres no se vean comprometidas.
5.2. Fortalecimiento de las Políticas de Prevención:
Invertir en educación con planteamientos de igualdad y respeto, entre todos los colectivos, pero especialmente entre los jóvenes y la población extranjera con otras concepciones sobre el papel y el resto hacia la mujer.
5.3. Protección de Espacios Segregados:
Asegurar que los espacios destinados exclusivamente a mujeres, como refugios o prisiones, mantengan su función protectora, evitando cualquier riesgo que derive de legislaciones ambiguas o desreguladas.
5.4 Supervisión de Sentencias y Formación de Operadores Jurídicos:
Garantizar la formación obligatoria en violencia machista para jueces, fiscales y otros operadores jurídicos, con mecanismos de supervisión que evalúen la aplicación de las normativas de forma justa y efectiva. Aquí os adelanto, que el papel de la Inteligencia Artificial, en el que estoy trabajando, supondrá un importante reto y beneficio para esta terrible lacra.
Conclusión
La lucha contra la violencia machista y la defensa de los derechos de las mujeres requieren un compromiso renovado por parte de la sociedad y de los operadores jurídicos. Las legislaciones deben responder a los retos contemporáneos sin poner en riesgo los avances logrados ni desdibujar la categoría de «mujer» como sujeto de derechos y protección específicos. La importancia del papel de la IA en el que estoy trabajando supondrá un importante reto y beneficio para esta terrible lacra.
El 25 de noviembre es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con una sociedad más justa e igualitaria, donde todas las mujeres puedan vivir libres de violencia y discriminación. La revisión crítica de normativas como la Ley Trans es un paso necesario para garantizar que los derechos de las mujeres no sean sacrificados en nombre de una inclusión desregulada, que, en la práctica, perpetúe nuevas formas de desigualdad.
Acerca del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado cada 25 de noviembre, es una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999 mediante la resolución 54/134. La elección de este día responde al recuerdo del asesinato, en 1960, de las hermanas Mirabal —Patria, Minerva y María Teresa— en la República Dominicana, símbolo de la lucha contra la violencia ejercida hacia las mujeres por razones de género. Esta jornada constituye un llamado global a reconocer la magnitud de este problema estructural, visibilizar sus consecuencias y reforzar los compromisos políticos, jurídicos y sociales para su erradicación.
La violencia contra las mujeres adopta múltiples formas: violencia física, psicológica, sexual, económica e institucional. La ONU Mujeres estima que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o violencia sexual fuera de la pareja a lo largo de su vida. Este dato, alarmante en sí mismo, refleja un fenómeno de carácter estructural y persistente, vinculado a desigualdades históricas de poder entre hombres y mujeres. Asimismo, la violencia feminicida —el asesinato de mujeres por razones de género— se mantiene como una de las expresiones más extremas de esta vulneración de derechos humanos: en 2022, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), alrededor de 48.800 mujeres y niñas fueron asesinadas en el mundo por sus parejas u otros familiares, lo que equivale a más de 133 muertes cada día.
En el contexto europeo, la violencia contra la mujer está reconocida como una grave violación de los derechos fundamentales, siendo objeto de atención prioritaria en el marco del Convenio de Estambul (2011), ratificado por España en 2014. Este instrumento internacional obliga a los Estados a adoptar medidas integrales de prevención, protección, persecución de los delitos y políticas coordinadas. En el ámbito nacional, España cuenta desde 2004 con la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que ha marcado un hito jurídico al situar la lucha contra esta violencia en el centro de la agenda política y social. Sin embargo, los datos demuestran que el reto persiste: solo en España, desde que comenzaron los registros oficiales en 2003 hasta septiembre de 2025, más de 1.250 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.
Más allá de las cifras, el 25 de noviembre subraya que la violencia contra la mujer no es un problema privado, sino una cuestión pública de derechos humanos y justicia social. Se trata de una forma de discriminación que impide la igualdad efectiva y menoscaba la dignidad de millones de personas. Por ello, la comunidad internacional articula cada año la campaña “ÚNETE”, impulsada por el Secretario General de la ONU, que busca movilizar a gobiernos, instituciones y ciudadanía en acciones de sensibilización, prevención y erradicación de todas las formas de violencia de género.
Este día, además, está vinculado al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, que reconoce la eliminación de la violencia como condición imprescindible para el desarrollo sostenible, la democracia y la paz. En consecuencia, el 25 de noviembre no solo invita a la reflexión y la memoria, sino que impone una responsabilidad jurídica, ética y política: garantizar a las mujeres y niñas una vida libre de violencia, en consonancia con los valores de libertad, igualdad y dignidad humana que defiendo desde mi labor académica y de investigación.
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