El Síndrome de Alienación Parental (SAP) es un concepto controvertido que, aunque desacreditado científicamente, ha tenido una presencia significativa en procesos judiciales relacionados con la custodia y visitas de menores. Introducido por Richard Gardner en los años 80, el SAP postula que un progenitor manipula a un menor para que rechace al otro progenitor sin una causa justificada. Pese a su falta de reconocimiento en manuales diagnósticos como el DSM-5 o el CIE-11, el SAP ha sido utilizado como argumento para deslegitimar denuncias de violencia de género y revictimizar a mujeres y menores, vulnerando sus derechos fundamentales, así como los de los menores que son abruptamente separados de sus madres.
Sobre este falso síndrome, que se continúa aplicando en el sistema judicial, en los informes médicos, psicológicos y psicosociales, he hablado ampliamente en varias de mis investigaciones, como «Violencia de extensión y vicaria: medidas normativas urgentes para una ejecución inicial» y «La violencia institucional y el concepto jurídico: vulneración de los DDHH de mujeres y menores.»
En este artículo, pretendo, de una manera sencilla, explicar el impacto jurídico y social del uso del SAP en los procedimientos judiciales, especialmente sobre mujeres y menores víctimas de violencia. Asimismo, a raíz de la intención del Ministerio de Infancia y Juventud, traslado de manera esquemática mis propuestas normativas para la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) y la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LOIVG), con el fin de eliminar su influencia en los procedimientos judiciales y reforzar la protección de las víctimas.
El SAP y su Impacto en el Sistema Judicial
El SAP ha sido utilizado como herramienta para deslegitimar denuncias de violencia de género, acusando a las mujeres de manipular a sus hijos y desviando la atención del comportamiento violento del progenitor denunciado. Esto contraviene el principio del interés superior del menor, establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la LOPIVI, y perpetúa la revictimización institucional. España ha sido denunciada reiteradamente por vulnerar los derechos de las mujeres víctimas en múltiples ocasiones, sin que se hayan adoptado medidas efectivas para erradicar este maltrato institucional.
En numerosos casos, el SAP ha sido invocado en procesos judiciales para justificar custodias compartidas o regímenes de visitas forzosas, incluso cuando existen denuncias de violencia. Este uso ha generado graves consecuencias jurídicas y sociales, como la exposición de menores a progenitores violentos y la estigmatización de las madres que denuncian violencia como manipuladoras. Considerar a una madre como dañina para sus hijos, de manera estandarizada, representa una aplicación antinatural de la figura materna.
Consecuencias Jurídicas y Sociales del Uso del SAP
Revictimización Institucional. El SAP refuerza la desprotección jurídica al exigir que las mujeres demuestren que no manipulan a sus hijos, añadiendo una carga procesal injusta. Esto equivale a una doble victimización: por parte del agresor y del sistema judicial.
Riesgos para la Integridad de los Menores. Obligar a los menores a mantener contacto con progenitores violentos bajo el argumento del SAP perpetúa la violencia vicaria y de extensión. Los menores sufren daños psicológicos graves, como ansiedad, depresión y estrés postraumático.
Desprotección de Derechos Fundamentales El SAP desplaza el análisis judicial de la violencia hacia una narrativa de conflicto parental, ignorando el contexto de abuso y violación de derechos humanos.
Para erradicar el uso del SAP y garantizar la protección integral de las víctimas, se plantean las siguientes reformas:
Propuestas de Mejora Normativa en la LOPIVI y la LOIVG.
Prohibición Expresa del SAP
Se debe incluir en la LOPIVI y la LOIVG una cláusula que prohíba explícitamente el uso del SAP en procedimientos judiciales relacionados con menores, custodia o visitas, dada su falta de validez científica y sus efectos perjudiciales. Y, que cualquier informe que contenga su aplicación sea excluido de los procedimientos.
Evaluación Integral de Riesgos
La normativa debe exigir que todas las decisiones judiciales en casos de violencia de género incluyan una evaluación exhaustiva de riesgos para los menores y el progenitor denunciante, priorizando su seguridad y bienestar.
Capacitación Obligatoria para Operadores Jurídicos
Es esencial formar a jueces, fiscales, abogados y peritos en temas de violencia de género y vicaria, enfatizando la falta de validez del SAP y promoviendo decisiones basadas en evidencia.
Refuerzo de Mecanismos de Escucha Activa
La LOPIVI debe garantizar que la opinión de los menores sea escuchada y respetada en un entorno seguro, sin presunciones de manipulación parental.
Protocolo de Protección Judicial
Se deben implementar protocolos específicos para evitar el contacto entre menores y progenitores denunciados por violencia mientras se resuelven las causas judiciales, asegurando que el interés superior del menor prevalezca.
(*) A estas propuestas, añado una que forma parte de mi trabajo de desarrollo de herramientas jurídicas mediante la utilización de la IA. En relación con mi doctorado sobre IA y justicia, propongo, además, la aplicación de la IA como herramienta para identificar patrones de SAP en informes o decisiones judiciales, con el objetivo de neutralizar su uso y proteger los derechos de las víctimas.
Por lo tanto, el uso del SAP en el sistema judicial español perpetúa dinámicas de revictimización y vulnera los derechos fundamentales de mujeres y menores víctimas de violencia. Su prohibición explícita y la implementación de reformas en la LOPIVI y la LOIVG son pasos imprescindibles para garantizar una protección integral y prevenir la perpetuación de la violencia.
El sistema jurídico debe avanzar hacia un enfoque basado en los derechos humanos, en el que la justicia sea sensible a las necesidades de las víctimas y no refuerce dinámicas de abuso. La formación de los operadores jurídicos, y la aplicación de la IA como herramienta en la detección de la aplicación del SAP son elementos clave para construir un modelo judicial hacia el que hay que avanzar para proteger a las mujeres y menores.
Elena del Pilar Ramallo Miñán es Doctora investigadora en Derecho, Inteligencia Artificial y Derechos Humanos. Fue candidata a los Premios Princesa de Asturias 2022.
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