La Administración de justicia en España enfrenta una crisis estructural caracterizada por la sobrecarga procesal, la lentitud en la resolución de conflictos y la falta de recursos suficientes para garantizar una tutela judicial efectiva. Este panorama no es nuevo, pero la creciente litigiosidad, la complejidad de los casos y la insuficiente modernización de los sistemas judiciales han agravado un problema cuya solución no puede postergarse. En este contexto, la Inteligencia Artificial (IA) emerge como una herramienta imprescindible para la transformación del sistema judicial, optimizando la gestión de los procesos y garantizando una justicia más ágil, eficiente y accesible. Sin embargo, a pesar de su potencial, la clase política sigue sin atender esta urgencia, postergando una reforma que no solo es necesaria, sino ineludible.
La IA ofrece soluciones concretas para mejorar el rendimiento del sistema judicial sin comprometer sus principios fundamentales. Mediante herramientas de análisis de grandes volúmenes de datos, automatización de procesos administrativos y predicción de resoluciones judiciales basadas en jurisprudencia consolidada, la tecnología puede aliviar la carga de trabajo de jueces y fiscales, permitiéndoles centrarse en la toma de decisiones y en el estudio de casos complejos. Además, su aplicación en áreas como la protección de colectivos vulnerables—especialmente mujeres y menores víctimas de violencia—permite la implementación de sistemas de alerta temprana y evaluación de riesgos, fundamentales para garantizar medidas preventivas eficaces.
Uno de los principales retos en la digitalización de la justicia es la reticencia de los agentes del sistema judicial a adoptar herramientas tecnológicas por temor a que estas comprometan su independencia o perjudiquen el principio de seguridad jurídica. Sin embargo, la IA no pretende reemplazar la función jurisdiccional, sino dotarla de herramientas de apoyo que incrementen su eficiencia y reduzcan la arbitrariedad. La estandarización de criterios en resoluciones judiciales a través del análisis algorítmico puede disminuir las desigualdades interpretativas y reforzar la predictibilidad del derecho, garantizando una mayor seguridad jurídica.
A nivel comparado, diversos países han avanzado en la implementación de la IA en sus sistemas de justicia. En Estonia, los tribunales emplean algoritmos para gestionar disputas de escasa cuantía, mientras que en Francia se han desarrollado modelos predictivos para identificar patrones en decisiones judiciales. En Estados Unidos, la IA se utiliza en la evaluación de riesgo de reincidencia en procesos penales, aunque con controversias respecto a sesgos algorítmicos. España, en cambio, ha quedado rezagada en esta transformación. A pesar de iniciativas incipientes como el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid, la falta de un marco regulador sólido y la ausencia de voluntad política han obstaculizado la adopción efectiva de estas tecnologías.
Más preocupante aún es la desconexión de la clase política con esta realidad. Mientras que organismos internacionales como la Unión Europea han desarrollado estrategias para la regulación de la IA en el ámbito jurídico, en España la digitalización de la justicia sigue siendo un tema marginal en la agenda pública. Los partidos políticos, atrapados en debates de coyuntura, han ignorado el potencial de la IA para resolver problemas estructurales del sistema judicial. Incluso cuando se presentan propuestas innovadoras, como el Catálogo Integral de Herramientas de Inteligencia Artificial para la Justicia, que incluye aplicaciones para la optimización de la gestión procesal, la automatización de trámites y la evaluación de riesgos en violencia de género, la respuesta de las instituciones ha sido la indiferencia.
El problema no es la falta de conocimiento sobre el potencial de la IA, sino la falta de interés en implementarlo. La inercia burocrática y la resistencia al cambio han impedido que España lidere un proceso de modernización judicial que otros países ya han iniciado. La digitalización de la justicia no es un lujo ni una opción, sino una necesidad urgente para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, la sordera política ante esta realidad sigue siendo el principal obstáculo para el avance del sistema judicial hacia el siglo XXI.
España no puede permitirse seguir ignorando el potencial de la IA en la administración de justicia. La modernización del sistema judicial es una cuestión de voluntad política, y mientras esta falte, la justicia seguirá colapsando, los ciudadanos seguirán esperando años por una resolución y los grupos más vulnerables seguirán desprotegidos.
La IA es la solución. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más seguirán los políticos sin escuchar?
_____________________________________________________________________________
Elena del Pilar Ramallo Miñán es Doctora investigadora en Derecho, Inteligencia Artificial y Derechos Humanos. Fue candidata a los Premios Princesa de Asturias 2022.
Deja una respuesta