España está atravesando un momento crítico en su configuración jurídica y moral, especialmente en lo que respecta a la protección de los menores y la autoridad de los progenitores. La sustitución progresiva de la patria potestad por una tutela estatal ideologizada refleja un desplazamiento de poder profundamente preocupante. Se están socavando los derechos fundamentales de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones, mientras se instrumentaliza a los menores como objetos de experimentación normativa, pese a su falta de madurez y discernimiento.
Uno de los episodios legislativos más preocupantes de los últimos años se está desarrollando en el Congreso de los Diputados, donde se ha iniciado la tramitación de una propuesta del PSOE que penaliza con hasta dos años de cárcel a quienes se opongan a tratamientos hormonales en menores de edad. Esta iniciativa, aprobada para su debate por 311 votos a favor —incluidos los del PP, ERC, Junts, Bildu, Podemos y BNG—, establece además la posibilidad de retirar la patria potestad durante un período de hasta cinco años y la inhabilitación para trabajar con menores. Solo Vox votó en contra; UPN se abstuvo. La medida pretende tipificar como delito penal lo que denomina “terapias de conversión”, término que, en la práctica, se ha ampliado a cualquier negativa al tratamiento hormonal inmediato sin evaluación psicológica previa. El diputado socialista Gutiérrez las calificó de “torturas”, ignorando la legítima preocupación de padres y profesionales por salvaguardar la salud física y mental de los menores.
La ley, tal como está planteada, representa una ruptura radical con los principios básicos del Derecho. Asume implícitamente que los hijos no pertenecen a sus padres, sino al Estado, desplazando el ejercicio de la patria potestad y deslegitimando cualquier orientación crítica que no se ajuste al nuevo paradigma ideológico. Que partidos de izquierda y nacionalistas promuevan esta visión no sorprende; lo alarmante es que el Partido Popular haya respaldado esta iniciativa, traicionando la defensa de los valores familiares que tradicionalmente ha abanderado.
La gravedad se multiplica al considerar el contexto legislativo. La Ley Trans, aprobada en 2023, ya había introducido medidas problemáticas al permitir el cambio registral de sexo sin requisitos objetivos ni garantías jurídicas. Esta desnaturalización del sexo ha generado vacíos legales y ha socavado derechos básicos en ámbitos tan sensibles como la violencia de género, el deporte femenino o los espacios seguros. Se legaliza así la idea de que basta una declaración de voluntad para alterar categorías jurídicas fundamentales, ignorando su base biológica y consecuencias sociales, lo que compromete gravemente la seguridad jurídica y la igualdad real.
Esta deriva normativa no es neutral. Forma parte de una estrategia de ingeniería social que desarticula la familia como institución natural y jurídica. El sistema educativo, en paralelo, está siendo utilizado como herramienta de adoctrinamiento, abandonando el conocimiento, el mérito y el esfuerzo como pilares de la formación. La imposición doctrinaria se disfraza de progreso, pero en realidad encierra una regresión autoritaria que amenaza la libertad individual y el pluralismo democrático.
Desde una perspectiva jurídica garantista, resulta urgente recuperar un lenguaje claro, técnico y respetuoso con la realidad antropológica del ser humano. La defensa de la patria potestad, la protección de los menores y la preservación de los principios constitucionales de legalidad, dignidad e igualdad no es una reacción ideológica, sino un deber democrático.
La democracia se resiente profundamente cuando quienes ejercen el deber y el derecho de proteger, educar y velar por sus hijos menores —los padres— son criminalizados por el propio orden jurídico que debería ampararlos.
Elena del Pilar Ramallo Miñán
Doctora investigadora en Derecho, Inteligencia Artificial y Derechos Humanos.
Candidata a los Premios Princesa de Asturias 2022.
Deja una respuesta