La mutilación genital femenina (MGF) constituye una de las más graves vulneraciones de los derechos humanos, particularmente del derecho a la integridad física y psicológica de niñas y mujeres. Esta práctica está expresamente prohibida por instrumentos internacionales de carácter vinculante, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Asimismo, contraviene lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral, así como en el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que incluye como manifestación de violencia de género aquella ejercida por razones de sexo.
La práctica en España y la respuesta política
A pesar de su categorización como forma de tortura por parte de organismos internacionales y de su prohibición legal, la mutilación genital femenina continúa practicándose en España, principalmente como consecuencia de flujos migratorios procedentes de regiones donde esta costumbre sigue vigente. El impacto es especialmente relevante en Cataluña, debido a la presencia de comunidades originarias de países donde la ablación es habitual.
El hecho de que esta forma de tortura se practique en territorio español revela dos problemas de especial gravedad: primero, la falta de integración de determinados inmigrantes en el marco de valores y principios democráticos; segundo, el blanqueamiento o minimización de estas graves vulneraciones de derechos humanos por parte de actores políticos que, mediante acción u omisión, debilitan el sistema democrático.
En este contexto, formaciones políticas como la CUP han descrito, en ocasiones, la MGF como una “tradición cultural”, relativizando su carácter criminal. Otros partidos, como ERC, Comuns y el PSC, han sido señalados por su pasividad e indiferencia ante este fenómeno. El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha defendido una posición contundente —pidiendo la expulsión fulminante de España para quienes la practiquen—, aunque a nivel nacional el PP se ha mostrado pasivo con esta tortura. VOX plantea políticas activas de condena y expulsión de los que lo practiquen, pero finalmente nadie ha efectuado una iniciativa legislativa firme para prohibir o disolver organizaciones o partidos que amparen esta práctica ni perseguir activamente a los que efectúan estas torturas y expulsarlos del país.
En Cataluña, el Hospital Clínic de Barcelona ha intervenido en los últimos cuatro años a 30 mujeres víctimas de mutilación genital femenina, realizando cirugías de reconstrucción de clítoris en el marco del protocolo sanitario creado en 2015 para la detección y tratamiento de estos casos. La mayoría de las pacientes proceden de Senegal, Gambia y Guinea Conakry. Esta cifra es pequeña y no es total, los Mossos d’Esquadra han registrado más de 120 tentativas de ablación. La mutilación genital femenina se practica principalmente en 28 países de África subsahariana, así como en determinadas zonas de Oriente Medio y Asia (Yemen, Omán, norte de Irak, ciertas regiones de India, Malasia e Indonesia, entre otras). Sin embargo, debido a los flujos migratorios, también se han registrado casos en Europa, Australia y Estados Unidos.
Las consecuencias para la salud femenina son devastadoras: hemorragias, infecciones crónicas, infertilidad, complicaciones durante el parto e incluso muerte.
Marco jurídico y responsabilidad de los partidos políticos
El artículo 149 del Código Penal tipifica como delito las lesiones que menoscaben la integridad física, incluyendo expresamente la mutilación genital femenina. El artículo 607 bis tipifica la tortura como crimen de lesa humanidad cuando se practica de forma sistemática. Por su parte, el artículo 9 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, prevé la disolución judicial de aquellas formaciones que, de manera grave y reiterada, vulneren los derechos y libertades fundamentales o promuevan, amparen o justifiquen conductas constitutivas de delito. En este marco, cualquier discurso que normalice o justifique la mutilación genital femenina como una costumbre cultural legítima puede constituir, en determinados supuestos, un acto de colaboración, encubrimiento o justificación de un delito de tortura, lo que habilitaría la exigencia de responsabilidades jurídicas y políticas, e incluso la aplicación de medidas de ilegalización.
La mutilación genital femenina no puede ser blanqueada bajo ningún pretexto cultural. Se trata de una forma de tortura infantil y una violación directa de la dignidad humana de la mujer. Su erradicación es un imperativo moral y una obligación jurídica vinculante para todas las instituciones del Estado.
Como doctora e investigadora, y defensora de los derechos de mujeres y niñas con experiencia reconocida internacionalmente -incluida mi participación en el informe del Banco Mundial sobre la situación global de la mujer y sus derechos-, considero que la pasividad institucional y el blanqueamiento político de esta práctica socavan los cimientos del Estado de derecho. Por ello, debe instarse a la persecución penal de quienes la practiquen y a la disolución de las formaciones políticas que la justifiquen o minimicen, aplicando sin dilación las herramientas legales previstas para la defensa de los derechos fundamentales y de la integridad de las personas. Esto incluye a quienes la ejercen directamente y a los partidos que, por acción u omisión, permiten su perpetuación en nuestro país. Las herramientas legales existen. Ahora, hay que aplicarlas sin dilación ni excusas.
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