La reciente absolución del sacerdote Custodio Ballester por un supuesto delito de odio devuelve algo más que la tranquilidad a una persona injustamente perseguida: devuelve aire a la libertad de expresión, ese derecho fundamental que en España parece cada día más condicionado por la corrección política y la censura ideológica.
El caso ilustra una deriva preocupante: los delitos de odio se están utilizando como instrumentos de represión moral y política. En lugar de proteger a las verdaderas víctimas de discriminación o violencia, se emplean para silenciar opiniones críticas, especialmente aquellas que cuestionan determinadas ideologías o religiones.
No es delito advertir de los peligros de la islamización en Europa; debería ser una obligación política y ciudadana. El islamismo, entendido como sistema político-religioso regido por la sharía, no es una simple confesión espiritual: es un modelo jurídico y social que niega la igualdad entre hombres y mujeres, limita la libertad religiosa y subordina la ley civil a la ley religiosa. Señalarlo no es islamofobia: es defender los valores constitucionales y democráticos que garantizan la convivencia en libertad.
España ha llegado al punto en que cuestionar la imposición cultural o la cesión de soberanía ideológica se considera una ofensa punible. Mientras tanto, los partidos que deberían garantizar la libertad –PSOE, Sumar y un PP cada vez más timorato y acomplejado— prefieren adoptar discursos complacientes, confundiendo respeto con rendición. Solo piensan en los votos de los islamistas, aunque eso suponga entregar nuestras democracias.
El ejemplo del Reino Unido es revelador: un país en situación crítica, con gobiernos locales musulmanes que aplican la sharía en detrimento de los derechos y libertades fundamentales, incluso de los propios ingleses. La advertencia es clara: ceder hoy es perder mañana.
El “Manual para desmontar la islamofobia”, promovido por el Gobierno de España, no defiende derechos: adoctrina. Limita el pensamiento crítico, clasifica las opiniones legítimas como delitos y convierte el debate público en un espacio de vigilancia ideológica. Es un texto más político que jurídico, impropio de un Estado de Derecho y más propio de un régimen de pensamiento único.
El Partido Popular, al afirmar que en España “no hay invasión musulmana” o que hablar de islamización “es meter miedo a la gente”, ignora la realidad demográfica, social y jurídica que afrontan países como Francia, Bélgica, Austria o Dinamarca, donde barrios enteros viven al margen del orden constitucional. Muchos de esos países, conscientes del problema, han legislado contra el burka, el niqab y otras prácticas contrarias a la igualdad y la libertad. El último en hacerlo ha sido Portugal. Lo que la izquierda radical califica de “medidas de extrema derecha” es, en realidad, sentido común democrático.
La defensa de la libertad no pertenece a ninguna ideología. No es de derechas ni de izquierdas: es la base de la democracia. Si hoy se persigue a un sacerdote por hablar, mañana podrá serlo cualquier ciudadano.
La absolución del padre Ballester no es solo su victoria personal: es un respiro colectivo para todos los que creemos que la palabra libre es el primer muro frente al totalitarismo. La Audiencia de Málaga ha sido contundente: «Decir la verdad sobre el islam no es delito».
El sacerdote ha recibido numerosas muestras de apoyo y de alegría por su absolución en Redes Sociales, desde políticos como Manuel Gavira hasta influencers de renombre como Ada Lluch que publica un mensaje de apoyo junto a una fotografía suya con el padre Ballester. Hay que resaltar que los políticos del PP, como por ejemplo Juanma Moreno, han preferido no expresar su apoyo en sus Redes Sociales.
Por otro lado, cabe señalar la vergonzosa cobardía de la jerarquía eclesial, especialmente de la Conferencia Episcopal Española, que abandonó al padre Ballester en su defensa. No puede ignorarse que la dependencia económica de parte de la Iglesia respecto al Gobierno y a fondos vinculados a la inmigración ilegal condiciona gravemente su postura pública. Su silencio forma parte de una complicidad pasiva frente a los intolerantes.
Es urgente revisar el artículo 16 de la Constitución Española, relativo a la libertad religiosa, y adaptarlo a la realidad actual, en la que determinados regímenes político-religiosos tratan de aprovechar las garantías democráticas para socavar desde dentro nuestro sistema constitucional. En la práctica, deben aplicarse restricciones razonables a símbolos o prácticas cuando entren en conflicto con la seguridad, la libertad o la igualdad de las personas.
Del mismo modo, el artículo 14 de la Constitución Española, que proclama la igualdad ante la ley sin discriminación por razón de nacimiento, raza o sexo, debe garantizar efectivamente la protección de las mujeres y las niñas frente a cualquier forma de sometimiento o discriminación amparada en la religión o en la cultura.
Urge también una reforma legal que impida que las leyes se conviertan en herramientas de censura. La libertad de expresión no puede seguir siendo víctima del miedo ni rehén del dogma. Defenderla hoy es un acto de justicia democrática.
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