A finales de diciembre del año que finalizamos (2025), Irán vive una nueva ola de protestas sociales y políticas de gran envergadura, que se prolonga ya durante más de cinco días y se ha extendido a más de treinta ciudades del país. El detonante inmediato ha sido una crisis económica severa: la caída histórica del rial iraní, una inflación descontrolada y el encarecimiento de bienes esenciales han golpeado de forma directa a amplias capas de la población. Sin embargo, como ha ocurrido en otras ocasiones de la historia reciente del país, la protesta ha trascendido rápidamente lo económico. Las consignas que hoy se escuchan en las calles ya no se limitan a la carestía de la vida, sino que cuestionan abiertamente la legitimidad del régimen teocrático y del liderazgo clerical que lo sustenta.
Las primeras movilizaciones surgieron en Teherán, con el cierre de puestos del Gran Bazar, un espacio tradicionalmente sensible al pulso económico y político del país. Comerciantes y vendedores iniciaron huelgas en protesta por unas condiciones que hacen inviable su actividad.
A estas acciones se sumaron con rapidez estudiantes universitarios y sectores urbanos, ampliando el alcance y la intensidad del movimiento. En varios puntos del país se han producido incursiones de las fuerzas de seguridad en residencias universitarias, lo que ha llevado incluso al cierre preventivo de algunos campus. Las universidades, una vez más, se han convertido en focos de contestación política y social.
Uno de los elementos más relevantes —y a la vez más invisibilizados— de esta ola de protestas es el papel central de las mujeres. No actúan como acompañantes ni como figuras secundarias: son protagonistas activas del desafío al régimen; ellas, más que nadie, se juegan la vida al hacerle frente. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran con claridad esta realidad: mujeres retirándose el hijab y mostrando públicamente su cabello, en abierta desobediencia a leyes de vestimenta que constituyen una forma de control estatal sobre sus cuerpos; mujeres liderando marchas, enfrentándose a las fuerzas de seguridad y ocupando el espacio público, tradicionalmente negado o restringido; y mujeres protagonizando actos simbólicos de resistencia que trascienden lo económico y cuestionan directamente el orden jurídico y político impuesto.
Estas acciones no son anecdóticas. Constituyen la continuidad del movimiento “Women, Life, Freedom”, surgido tras la muerte de Mahsa Amini en 2022, que convirtió a las mujeres iraníes en símbolo y sujeto político de la lucha por los derechos fundamentales.
Desde una perspectiva jurídica y de derechos humanos, este dato es esencial: cuando un Estado criminaliza la autonomía personal y física, la protesta femenina se convierte en un acto de afirmación de libertad y de ciudadanía.
La reacción de las autoridades iraníes ha sido ambivalente. Mientras el presidente Masoud Pezeshkian ha realizado declaraciones apelando al diálogo y al reconocimiento de algunas demandas económicas, la respuesta sobre el terreno ha sido predominantemente represiva. Las fuerzas de seguridad —incluidas la Guardia Revolucionaria y las milicias Basij— han intervenido con dureza. Según diversas fuentes, se registran al menos entre siete y once personas fallecidas, centenares de detenidos y el uso de munición real contra manifestantes. La protesta ha llegado incluso a Qom, uno de los bastiones ideológicos del régimen, donde se han escuchado consignas abiertamente antiteocráticas.
Pese a la magnitud de los acontecimientos, la cobertura mediática occidental ha sido limitada y, en muchos casos, superficial. El foco informativo se ha colocado mayoritariamente en la dimensión económica, relegando a un segundo plano el significado político y jurídico de la participación femenina.
Esta omisión no es menor. Invisibilizar a las mujeres iraníes implica despolitizar su lucha y reducirla a una cuestión cultural o simbólica, cuando en realidad se trata de una reivindicación directa de derechos humanos básicos: libertad personal, igualdad ante la ley y protección frente a la violencia estatal.
Resulta igualmente llamativo el silencio —aunque no nuevo—, sobre todo por parte de la izquierda y de algunas organizaciones internacionales tradicionalmente activas en otros contextos, lo que plantea interrogantes incómodos sobre la coherencia y la selectividad en la defensa global de los derechos humanos.
Las protestas que hoy sacuden Irán no son un episodio coyuntural ni exclusivamente económico. Constituyen un movimiento social y político profundo, en el que las mujeres han asumido un papel central, desafiando leyes, normas y estructuras de poder que las han subordinado durante décadas.
Desde una perspectiva jurídica y de derechos humanos, este protagonismo no puede ni debe ser ignorado. El silencio mediático y la falta de una atención internacional proporcional no solo empobrecen la comprensión del conflicto, sino que contribuyen a dejar solas a quienes arriesgan su libertad —y su vida— por derechos universales.
Cuando las mujeres iraníes se sitúan en primera línea, no solo están protestando contra una crisis económica: están reclamando dignidad, ciudadanía y libertad. Y eso interpela, sin excepción, a la comunidad internacional.
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