Conviene recordar que;
En 2019, el Congreso de los Diputados acordó, por acuerdo conjunto y a iniciativa del PSOE, la reserva mínima del 2% del empleo público para mujeres víctimas de violencia machista. Esta disposición, que debía incluirse en el proyecto de ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, prometía ser una herramienta clave para la protección y reintegración de las mujeres que han sufrido este tipo de violencia.
Sin embargo, a pesar de las expectativas generadas y la urgencia de su implementación, esta medida nunca llegó a ponerse en marcha, dejando en evidencia la pasividad y desinterés de los responsables políticos en dar respuesta a una problemática tan grave y extendida.
En 2024, el Grupo Parlamentario Socialista ha decidido instar al Gobierno, también socialista, a través de una Proposición no de Ley (PNL) presentada en el Congreso, la implementación de programas específicos que incentiven la inserción laboral, especialmente en la Administración pública, de las mujeres víctimas de violencia machista. Esta PNL propone también la colaboración activa de la Administración General del Estado en esta tarea.
Sin embargo, esta nueva propuesta parece hacerse en total desconocimiento de lo acordado en 2019, lo que demuestra una falta de continuidad y memoria histórica en las políticas públicas. Esta situación refleja un incumplimiento flagrante de los compromisos asumidos previamente y subraya la ausencia de una estrategia coherente para abordar de manera efectiva la inserción laboral de las víctimas.
La inacción del gobierno y de las Instituciones.
La inacción del Estado en el ámbito laboral, especialmente en lo que respecta a la implementación de medidas específicas para las víctimas de violencia machista, ha dejado un vacío que sigue afectando a miles de mujeres. Este vacío no solo representa una falla en el cumplimiento de los compromisos del Pacto de Estado, sino que también constituye una traición a las expectativas de las mujeres que, habiendo sobrevivido a la violencia, buscan una oportunidad para reconstruir sus vidas. La omisión del Estado en este ámbito perpetúa la desprotección y marginalización de las víctimas, dificultando su acceso a una vida digna y autónoma.
Vacío legal y necesidad urgente.
Hace unos años, publiqué mi investigación titulada “Problemática laboral de las víctimas de género: desajustes competenciales y jurídicos”, en la que se recogían y destacaban los fallos actuales en el cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004 y otros marcos legales relacionados con los derechos laborales de las víctimas de violencia machista. En dicha investigación, se evidenció la falta de desarrollo y aplicación de estos derechos en los convenios laborales y la ineficacia de las administraciones públicas, lo que ha perpetuado una forma de violencia laboral que agrava la situación económica de estas mujeres.
A pesar de la evidencia presentada en mi investigación, las propuestas formuladas para mejorar la vida de las víctimas no han sido escuchadas ni tenidas en consideración. Este desdén hacia el conocimiento experto y las soluciones propuestas no solo refleja una falta de interés, sino también una negligencia grave por parte de las autoridades responsables. Vemos así cómo los responsables políticos no materializan las propuestas que ellos mismos aprueban, ni escuchan a los expertos que trasladamos iniciativas legales imprescindibles para la independencia económica de las mujeres víctimas.
Urgencia de una Acción Efectiva
Esta inacción mantenida en el tiempo, especialmente en relación con medidas laborales, no solo vulnera los derechos fundamentales de las víctimas, sino que también contribuye a una nueva victimización en el ámbito laboral. Este ciclo de desprotección y marginalización debe ser abordado de manera urgente y efectiva, a través de políticas públicas coherentes, un compromiso real con los derechos de las víctimas y una implementación efectiva de las medidas acordadas.
El Estado tiene la responsabilidad de corregir estos errores históricos y de garantizar que las mujeres víctimas de violencia machista no solo sean protegidas, sino también empoderadas para vivir con dignidad e independencia. La implementación de la reserva del 2% de empleo público es una deuda pendiente que debe saldarse sin más demora.
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