El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017, nació con la esperanza de convertirse en una herramienta clave para erradicar la violencia machista en España. Sin embargo, a pesar de los compromisos adquiridos y las medidas implementadas, los resultados no han sido los esperados. Las cifras de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas siguen siendo alarmantes, y muchas víctimas no reciben la protección necesaria.
Ante este panorama, es necesario cuestionarnos: ¿por qué no está funcionando el Pacto?
Son muchas las causas que explicaré a continuación, exponiendo las más relevantes. Sin embargo, es importante señalar, para que se tenga en cuenta, que los responsables políticos que forman parte de la Comisión del Pacto de Estado contra la Violencia, desde su presidenta hasta cualquiera de sus miembros, no tienen ni formación, ni sensibilidad, ni interés en el tema. Esto, desde un inicio, ha generado resultados pésimos. Los participantes que son convocados no son expertos, sino personas afines a las formaciones políticas, lo que deriva en aportaciones de muy bajo nivel y de escasa utilidad para abordar el problema de la violencia.
- Falta de medidas eficaces adaptadas a la realidad de las víctimas
No se han adoptado medidas efectivas que respondan a las verdaderas necesidades de las víctimas. A pesar de haber presentado propuestas concretas para mejorar las respuestas del sistema y evitar asesinatos de mujeres y menores, estas no han sido escuchadas ni implementadas.
- Modificaciones y retos en la protección judicial
A pesar de las mejoras legislativas que el pacto ha introducido, muchas mujeres siguen denunciando la falta de protección efectiva en el ámbito judicial. Los tiempos de espera prolongados, la dificultad para obtener órdenes de alejamiento y la sensación de desamparo institucional son realidades cotidianas para muchas víctimas. Los juzgados especializados en violencia de género están saturados y, en ocasiones, carecen de los recursos y el personal necesario para ofrecer una respuesta rápida y eficiente. Mis propuestas de modificaciones normativas y legislativas, que abordan estos fallos e ineficiencias, tampoco han sido atendidas.
- Descoordinación entre administraciones
El Pacto establece la necesidad de una coordinación eficaz entre las diferentes administraciones: estatal, autonómica y local. Sin embargo, en la práctica, esta coordinación ha sido débil. La burocracia, la falta de protocolos claros y la disparidad de enfoques entre comunidades autónomas han generado importantes lagunas en la atención a las víctimas. A menudo, las mujeres se encuentran atrapadas en un laberinto administrativo que dificulta su acceso a la protección y los servicios esenciales.
- Formación insuficiente de los profesionales
A pesar de que el pacto incluye medidas para la formación de jueces, policías, personal médico y otros profesionales, en muchos casos esta formación sigue siendo insuficiente. La falta de una capacitación especializada y profunda para reconocer, abordar y actuar ante situaciones de violencia de machista genera respuestas inadecuadas por parte de quienes deberían ser los primeros en proteger a las víctimas. Esto no solo revictimiza a las mujeres, sino que también retrasa o incluso impide que reciban la ayuda que necesitan.
- Desigual aplicación territorial
Aunque el pacto tiene carácter estatal, su aplicación ha sido desigual entre Comunidades Autónomas y municipios. En algunas regiones, las medidas se han implementado de manera más efectiva, mientras que en otras su ejecución ha sido prácticamente inexistente. Esto genera una gran desigualdad en el acceso a la protección y los recursos, especialmente en el ámbito rural. En esas zonas, no se han querido incorporar las propuestas que he elaborado para acabar con la discriminación existente en comparación con las zonas urbanas.
- Falta de medidas efectivas contra la violencia económica
La violencia machista no es solo física o psicológica; también incluye formas de violencia económica que sumen a muchas mujeres en situaciones de extrema dependencia. El Pacto no ha logrado implementar medidas que realmente protejan a las víctimas de este tipo de control, ni ha facilitado el acceso rápido a ayudas económicas que les permitan separarse de sus agresores sin temor a caer en la vulnerabilidad financiera. Además, los miembros del Pacto han ignorado mi propuesta para modificar y desarrollar los derechos laborales de las víctimas, una deficiencia grave en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LOIVG).
- Persistencia del machismo estructural
Uno de los principales obstáculos que impiden el éxito del pacto es la persistencia de actitudes machistas tanto en la sociedad como en las instituciones. También es urgente evaluar y adoptar medidas específicas para aquellos extranjeros provenientes de culturas que no respetan a las mujeres o justifican la violencia contra ellas. Esta realidad no solo dificulta la aplicación de las medidas del pacto, sino que perpetúa una cultura de violencia y desigualdad que alimenta el problema en su raíz.
- Reconocimiento de nuevas formas de violencia
El pacto, aunque ha avanzado en muchos aspectos, no ha sido suficientemente ágil en adaptarse a nuevas formas de violencia que afectan a las mujeres. La violencia digital, como el acoso en redes sociales o la difusión no consentida de imágenes íntimas, no ha recibido la atención necesaria. Las leyes no se han actualizado con la rapidez que requieren estos nuevos tipos de agresión, dejando a muchas mujeres desprotegidas frente a un problema en auge.
- Falta de financiación suficiente
Uno de los principales problemas del Pacto ha sido la insuficiencia de recursos económicos. Aunque el Pacto contemplaba una inversión significativa para llevar a cabo las medidas propuestas, en la práctica muchas de estas iniciativas han quedado estancadas por falta de financiación real.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género es, sin duda, un avance en la lucha contra la violencia machista, pero no está funcionando como debería. Las causas de este fracaso parcial son diversas: la falta de medidas eficaces adaptadas a la realidad de las víctimas, la insuficiente protección judicial, la descoordinación entre administraciones, la formación inadecuada de los profesionales, la desigual aplicación territorial y la persistencia de actitudes machistas en la sociedad.
Para que el Pacto realmente logre su objetivo, es imprescindible una revisión crítica y profunda, así como la adopción de medidas efectivas que respondan a la realidad de las víctimas. Esto debe ir acompañado de un compromiso político firme para dotarlo de los recursos y las herramientas necesarias. Solo entonces podremos avanzar hacia una sociedad libre de violencia machista.
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