Este artículo es una síntesis de mi estudio titulado «La Violencia Institucional y el Concepto Jurídico: Vulneración de los Derechos Humanos de Mujeres y Menores», publicado en la Revista Claves Jurídicas.
El estudio ofrece un análisis exhaustivo sobre la violencia institucional que sufren las mujeres y menores en los procesos judiciales en España, con especial enfoque en los casos de maltrato y abusos sexuales. A pesar de las múltiples denuncias por parte de organismos internacionales, este fenómeno persiste, debido principalmente a la falta de protección judicial adecuada.
1. Violencia institucional y Derechos Humanos
La violencia institucional se manifiesta cuando las mujeres y menores son revictimizadas durante los procedimientos judiciales. A pesar de las pruebas y denuncias presentadas, en muchas ocasiones el sistema judicial falla en su deber de proteger a las víctimas. Esta omisión implica una clara vulneración de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, particularmente en el ámbito de los derechos de las mujeres y los menores.
En este estudio, se ha explorado cómo, al no tomar en serio las denuncias de maltrato y abusos, el sistema perpetúa la violencia, manteniendo a los menores y a las mujeres en situaciones de desamparo y vulnerabilidad extrema. El análisis de sentencias y testimonios permite concluir que la falta de credibilidad hacia el relato de las madres y los menores es un factor clave en el mantenimiento de este tipo de violencia.
2. Principales causas del maltrato institucional
Uno de los principales objetivos del estudio fue identificar las causas que producen el maltrato institucional con el fin de proponer soluciones para erradicarlo. Las dos causas más destacadas son:
La falta de credibilidad hacia los testimonios de mujeres y menores
En los procesos judiciales, las denuncias de madres y menores en casos de violencia machista o abusos sexuales son frecuentemente desestimadas o minimizadas. A menudo, el relato de las madres se considera una estrategia de manipulación destinada a perjudicar al padre, lo que impide que se tomen medidas de protección adecuadas. Esta falta de credibilidad no solo perpetúa el maltrato y los abusos, sino que también revictimiza a las mujeres y menores al exponerlos a nuevos riesgos.
Este estudio evidencia que la revictimización es una consecuencia directa de esta desconfianza hacia las denuncias. El sistema judicial, al no proteger adecuadamente a las víctimas, no solo perpetúa el abuso, sino que refuerza la narrativa de que las madres actúan con fines manipuladores. Esta visión contribuye a que los menores queden desprotegidos y expuestos a más violencia. Además, la duración excesiva de los procesos judiciales agrava el sufrimiento de las víctimas, prolongando su situación de vulnerabilidad.
La aplicación del SAP: una vulneración institucional sistemática
A pesar de estar prohibido por la legislación, el Síndrome de Alienación Parental (SAP) sigue siendo una de las principales causas de maltrato institucional en los tribunales. Se aplica de manera recurrente en casos de violencia machista y abusos sexuales contra menores, bajo la premisa de que las madres manipulan a sus hijos en contra de los padres. Este falso diagnóstico, que carece de respaldo científico, pone en duda los testimonios de los menores y desprotege a las víctimas. En lugar de investigar las denuncias de manera exhaustiva, el sistema judicial tiende a favorecer la figura paterna, incluso cuando existen claros indicios de maltrato o abuso.
El uso continuado del SAP en los procesos judiciales, especialmente en casos de custodia y violencia, provoca graves daños a las madres y menores. Jueces, fiscales, psicólogos y trabajadores sociales siguen aplicando esta teoría desacreditada, lo que incrementa la vulnerabilidad de las víctimas. Este estudio reveló que, en el 91,3% de los casos analizados, el SAP fue utilizado para deslegitimar las denuncias de las madres. Esta aplicación es especialmente devastadora cuando las custodias son retiradas a las madres y los menores son entregados a los progenitores agresores o abusadores, exponiendo así a los menores a situaciones de mayor riesgo.
En muchos casos, el Sistema judicial español actúa de manera contradictoria con las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU y el Consejo de Europa, que han advertido reiteradamente sobre la necesidad de reformar estos procedimientos para evitar el maltrato institucional.
3. Propuestas normativas y medidas correctivas
El principal objetivo de este estudio es proponer medidas normativas para erradicar el maltrato institucional en los procesos judiciales. Entre las medidas propuestas se encuentran:
- Reconocimiento legal del maltrato institucional: Es fundamental que se reconozca el maltrato institucional como una forma de violencia contra las mujeres y los menores. Este reconocimiento debe estar acompañado por el desarrollo de un marco normativo específico que permita sancionar a los responsables de esta violencia.
- Credibilidad del relato de las víctimas: Es urgente que el sistema judicial otorgue credibilidad al relato de las mujeres y menores en los casos de violencia machista y abusos sexuales. Para ello, es necesario erradicar la aplicación del SAP y otras teorías sin fundamento científico que perpetúan el maltrato institucional.
- Medidas de control: Se deben implementar medidas de control en todo el proceso judicial para asegurar que no se aplique el SAP y que se protejan los derechos de las mujeres y menores. Estas medidas deben incluir la supervisión de los Servicios Sociales, la creación de fiscalías especializadas y la formación continua de jueces y fiscales.
- Modificaciones en los procedimientos de custodia: Es necesario reformar los procedimientos de custodia para priorizar el bienestar del menor sobre los derechos del progenitor agresor. Las decisiones judiciales deben centrarse en la protección del menor y garantizar que, en los casos en los que los menores no deseen mantener contacto con el progenitor maltratador, se respete su voluntad.
- Formación especializada: Todos los actores implicados en el proceso judicial (jueces, fiscales, psicólogos, trabajadores sociales) deben recibir formación especializada en violencia de machista, abuso infantil y derechos de las víctimas para evitar la perpetuación de estereotipos de género que desprotegen a las víctimas.
Conclusión
La violencia institucional que sufren mujeres y menores en España constituye una vulneración sistemática de sus derechos humanos. Este estudio demuestra cómo la aplicación de teorías desacreditadas, como el SAP, y la falta de credibilidad hacia el relato de las víctimas perpetúan el maltrato y exponen a los menores y a las madres a una situación de desamparo. Es fundamental que se adopten reformas urgentes en el sistema judicial para garantizar que las mujeres y los menores reciban la protección adecuada que les corresponde por ley.
El reconocimiento legal del maltrato institucional y la implementación de medidas correctivas son esenciales para erradicar esta forma de violencia, que no solo revictimiza a las mujeres y menores, sino que también socava la confianza en el sistema judicial y perpetúa la impunidad de los agresores.
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