Las mujeres españolas tenemos el derecho y la responsabilidad de defender los derechos fundamentales de todas las mujeres y niñas en nuestro país, especialmente aquellas que viven bajo imposiciones culturales y religiosas que las someten y restringen su libertad. No podemos permitir que, en nombre de una supuesta diversidad cultural, se tolere en España una discriminación sistemática contra las mujeres que atenta contra su dignidad e igualdad.
El uso del hiyab en entornos educativos y del burka en espacios públicos no es una elección libre en muchos casos, sino una imposición que somete a las mujeres a normas patriarcales contrarias a los principios democráticos y constitucionales de nuestro país. Debemos garantizar que nuestras hijas y nosotras mismas nunca tengamos que vernos sometidas a estas imposiciones y que España siga siendo un espacio de libertad, dignidad e igualdad real para las mujeres.
Por ello, presentamos esta Propuesta de Modificación Legislativa, impulsada por las profesoras Dra. Sonia Sierra y Dra. Elena del Pilar Ramallo Miñán, con el objetivo de reforzar los principios de igualdad, libertad y dignidad en el sistema jurídico español.
La igualdad entre sexos y la protección de los derechos fundamentales de las mujeres son pilares fundamentales en un Estado democrático. El uso del hiyab en las aulas y del burka en los espacios públicos no es una simple tradición cultural, sino que en muchos casos se trata de una imposición de normas religiosas y patriarcales que perpetúan la desigualdad y la discriminación de las mujeres.
En España, el artículo 14 de la Constitución Española (CE) garantiza el derecho a la igualdad y la no discriminación por razón de sexo. Asimismo, el artículo 10 CE reconoce la dignidad de la persona como base del orden político y de la paz social.
Si bien el artículo 16 CE protege la libertad ideológica y religiosa, este no es un derecho absoluto, sino que puede ser limitado cuando entra en conflicto con otros derechos fundamentales, como la igualdad, la dignidad y la seguridad pública.
El hiyab y el burka no son meros símbolos culturales o religiosos, sino instrumentos de segregación y opresión de la mujer en muchas sociedades. La obligación de cubrirse no es una norma que se aplique a los hombres, sino únicamente a las mujeres, lo que refleja una desigualdad estructural y una restricción de su autonomía y libertad personal.
No podemos permitir que en España nuestras hijas y mujeres vivan bajo estas imposiciones que perpetúan la discriminación y la desigualdad. No es progresista ni feminista aceptar la sumisión de las mujeres bajo el pretexto de la diversidad cultural.
España no sería el primer país en legislar sobre esta cuestión. Otros Estados europeos ya han adoptado medidas para proteger los derechos de las mujeres frente a las imposiciones religiosas en el ámbito público
España debe garantizar que nuestro marco legal proteja los derechos de las mujeres y niñas, sin permitir excepciones culturales o religiosas que legitimen su discriminación.
En la Comunidad de Madrid, estudiantes de varios institutos se manifestaron contra la prohibición del hiyab en las aulas, promovidos por un Sindicato de Estudiantes que interpretó la medida como un ataque a la libertad religiosa y de la mujer.
Sin embargo, esta postura resulta contradictoria cuando en otros países las mujeres son perseguidas, encarceladas o incluso asesinadas por querer quitarse el velo. En Irán o Afganistán, las mujeres luchan y arriesgan su vida por liberarse de esta opresión. No podemos ignorar esta realidad ni aceptar en España lo que allí es motivo de resistencia y lucha por la libertad.
En el caso de menores de edad, no puede hablarse de una elección libre, ya que las menores de 16 años carecen de capacidad de consentimiento en términos jurídicos. Es el Estado quien debe protegerlas de cualquier forma de coacción o presión cultural o familiar.
La actual postura de delegar en los centros educativos la regulación sobre el hiyab supone una dejación de funciones por parte de las autoridades. Esta es una cuestión que debe ser regulada a nivel estatal y autonómico, garantizando seguridad jurídica y protección efectiva para las menores.
Las mujeres en España tenemos el derecho y el deber de defender los derechos de todas las mujeres y niñas, evitando que en nuestro país se normalicen imposiciones religiosas que perpetúan la desigualdad y la discriminación.
El derecho a la libertad religiosa no es absoluto. La Constitución Española permite su limitación cuando entra en conflicto con otros derechos fundamentales, como la igualdad, la dignidad y la seguridad.
Regular el uso del hiyab en las aulas y prohibir el burka en espacios públicos no es una medida contra ninguna religión, sino una defensa de los derechos de las mujeres para garantizar que España siga siendo un país libre, igualitario y seguro para todas.
Elena del Pilar Ramallo Miñán
Doctora en Derecho, investigadora en Inteligencia Artificial y Derechos Humanos
Candidata a los Premios Princesa de Asturias 2022
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