CONSTRUIR UNA JUSTICIA CON ROSTRO DE MUJER
La defensa de los Derechos Humanos exige revisar sin concesiones los marcos legales actuales. Es urgente reformar aquellas normativas que permiten la revictimización o que legitiman la convivencia de menores con agresores. También es necesario rescatar la categoría jurídica de “mujer”, basada en el sexo, frente a leyes que diluyen esta diferencia con argumentos ideológicos.
En pleno siglo XXI, muchas mujeres que denuncian violencia siguen siendo silenciadas, desacreditadas o instrumentalizadas. El sistema judicial español ha fallado en garantizar una respuesta eficaz, libre de prejuicios y comprometida con los derechos de las mujeres y de los menores.
En España, el sistema judicial ha reproducido, en no pocos casos, dinámicas de revictimización hacia las mujeres que denuncian violencia o ejercen una defensa activa de los derechos de sus hijos. Estas dinámicas incluyen la estigmatización, la pérdida de contacto con los menores por decisiones judiciales no ejecutadas, y la aplicación de medidas que, bajo un supuesto interés superior del menor, terminan vulnerando derechos fundamentales.
Desde la experiencia acumulada en el estudio e intervención jurídica, se ha identificado una forma de maltrato institucional que podría denominarse “muerte civil”: una deslegitimación estructural que padecen muchas mujeres cualificadas, autónomas o con voz propia, cuando no encajan en el perfil de víctima pasiva que esperan las instituciones.
Mi caso particular y lucha
Intenté hacer lo correcto: proteger a mis hijas y mi vida, buscando la justicia. Sin embargo, el sistema no solo me falló, sino que me castigó. Fui separada de mis hijas durante años y estigmatizada públicamente como una «mala madre» por priorizar mi carrera y mi independencia económica sobre mi faceta de madre, algo que nunca fue cierto. Pero en España, la proyección e independencia de la mujer sigue siendo castigada en algunos casos.
A esa forma de maltrato la he denominado, tras años de reflexión e investigación, «la otra muerte»: una muerte civil, institucional y simbólica que muchas mujeres/madres sufrimos cuando nuestras voces no se consideran legítimas porque no damos el perfil de víctima que las instituciones esperan —sobre todo— cuando somos cualificadas, independientes y reconocidas profesionalmente.
Del dolor a la acción: la transformación de mi lucha
Pese a todo, decidí no callar. Lo único que no lograron arrebatarme fue mi capacidad de análisis y vocación jurídica y, menos, mi convicción férrea de que es posible —y necesario— cambiar el sistema.
Transformé ese dolor en una herramienta de lucha jurídica y política. Comencé a escribir, a conferenciar, a investigar. Participé en foros, conferencias, publicaciones y colaboré en proyectos nacionales e internacionales en defensa de los derechos de las mujeres y la infancia.
Una trayectoria investigadora independiente
Mi lucha no se limita al activismo: también es académica. Me he consolidado como una investigadora de DD. HH. de reconocimiento nacional e internacional, que con recursos propios y sin apoyo político ni institucional, he desarrollado estudios y propuestas legislativas con base empírica y jurídica. He analizado cuestiones clave como los derechos laborales de las mujeres víctimas, la protección de menores o la necesidad de reformas en leyes que ponen en riesgo el principio de igualdad, como la Ley Trans o la lucha por los derechos de las mujeres frente a imposiciones islamistas que vulneran los derechos fundamentales de libertad, igualdad y dignidad.
Creo firmemente que, la libertad de nuestras hijas y la defensa de los valores democráticos lo valen todo.
Sigo trabajando por un marco normativo que defienda la categoría jurídica de mujer, basada en el sexo biológico, y que garantice una protección real, no simbólica, lo que he denominado el «feminismo genuino» basado en la defensa de derechos y oportunidades, no en relatos absurdos.
Colaboración institucional y reforma normativa
En un país donde la corrección política paraliza, he asumido la responsabilidad de abrir debates arriesgados y valientes. En el Congreso y en Parlamentos autonómicos, con temas tan delicados como la islamización encubierta de ciertas estructuras sociales o la destrucción que provocan las políticas woke.
Colaboró activamente con asociaciones, instituciones, parlamentos y partidos, proponiendo marcos legales que no partan de dogmas ideológicos, sino de realidades contrastadas. En todos estos espacios denuncio la ineficacia de muchas medidas.
He sido amenazada por grupos pro-trans, islamistas y sectores políticos radicales de extrema izquierda, pero no me han silenciado, ni lo harán.
He demostrado que se puede resistir. Que es posible transformar el dolor en conocimiento, la impotencia en propuesta normativa, el silencio en voz colectiva. He mostrado cómo una mujer —una madre— puede renacer del añico institucional, asumir su voz y liderar un cambio estructural. Desde el conocimiento jurídico, la acción política independiente y el compromiso ético con los colectivos vulnerables, se están impulsando propuestas legislativas que parten de diagnósticos reales, no dogmáticos.
Esta lucha no responde a partidos, sino a principios. Porque ser mujer no puede implicar una carga institucional, sino una identidad jurídica protegida y respetada.
Desde el compromiso más firme con la justicia, la libertad y la verdad, seguiré trabajando por un país en el que ser mujer no suponga vivir en el margen, ni gritar en el desierto.