El envejecimiento demográfico se ha consolidado como uno de los mayores desafíos para el sistema de bienestar social en España. La combinación de una población cada vez más longeva y una natalidad en mínimos históricos tensiona al límite los recursos de la Ley de Dependencia, cuya gestión lenta y burocrática no ha logrado dar respuesta eficaz a las necesidades reales. A esta situación se suma otro problema estructural: la soledad no deseada que sufren miles de personas mayores, condenadas a vivir en soledad.
Ante este panorama, presento una propuesta legislativa innovadora que contempla dos modelos de convivencia formalizada entre generaciones. El primero, entre personas mayores y jóvenes; el segundo, entre personas mayores y familias dispuestas a compartir hogar bajo un marco regulado y con garantías jurídicas. Ambos se asientan sobre derechos y obligaciones claramente definidos y con el respaldo del Estado.
El objetivo no es sustituir, sino complementar la Ley de Dependencia. El sistema estaría orientado a los grados leves o moderados de necesidad, permitiendo que mayores acreditados mediante evaluación funcional convivan con jóvenes o familias que asuman tareas de acompañamiento, apoyo doméstico, asistencia a citas médicas y comunicación de incidencias. A cambio, los jóvenes podrían acceder a vivienda asequible, dando lugar a un modo más de solución habitacional, una de las grandes carencias de nuestro país, y las familias disfrutar de beneficios fiscales y medidas de conciliación laboral. En ambos casos, se contemplarían estímulos adicionales: parte de la manutención cubierta, cobertura básica de salud, deducciones fiscales, cotización a la Seguridad Social o compensaciones económicas. Todo ello bajo acuerdos voluntarios, formalizados y supervisados por la Administración, con cláusulas de duración mínima, posibilidad de prórroga y mecanismos de mediación para resolver conflictos.
El modelo se sustenta en principios de voluntariedad, dignidad y reciprocidad, con equilibrio de cargas entre las partes. Para las personas mayores, supondría un alivio frente a la soledad y un refuerzo de su autonomía; para los jóvenes, acceso a vivienda y experiencia en cuidados sociales; para las familias, una fórmula de apoyo que ayude a su economía doméstica con un método enriquecedor y humano del cuidado de nuestros mayores; y para el sistema público, un recurso complementario que descongestione servicios y concentre los esfuerzos en los casos más graves. Además, aportaría un valor añadido: reforzar la cohesión social mediante la recuperación de los lazos intergeneracionales y la puesta en valor del respeto hacia los mayores.
Los retos son evidentes: garantizar una evaluación rigurosa de las capacidades funcionales de los mayores, seleccionar y formar adecuadamente a los jóvenes, asegurar una financiación sostenible para los incentivos, coordinar a las distintas administraciones y establecer mecanismos de control que prevengan abusos o precarización. Por ello, la iniciativa propone arrancar como proyecto piloto en varias comunidades autónomas, con evaluaciones periódicas de impacto antes de su extensión a nivel nacional.
Esta propuesta aspira a convertirse en iniciativa legislativa formal en el Congreso de los Diputados, con financiación inicial para proyectos piloto y un reglamento que asegure seguridad, equidad y viabilidad. Si prospera, la inclusión intergeneracional en el cuidado de personas mayores se erigirá en un avance decisivo en la política social española: una respuesta flexible, innovadora y humana al reto del envejecimiento, que revaloriza la convivencia y promueve una auténtica solidaridad entre generaciones.
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