Andalucía llega a las elecciones del próximo 17 de mayo en uno de los momentos más decisivos de las últimas décadas. No solo se vota un gobierno autonómico. Muchos ciudadanos sienten que se vota un modelo de sociedad, de economía y de supervivencia territorial. Se vota si los andaluces seguirán observando cómo se deterioran sus servicios públicos, cómo se destruye progresivamente el campo y cómo el esfuerzo de quienes llevan años trabajando, cotizando y sosteniendo el sistema parece haber dejado de ser prioritario para las instituciones.
En este contexto, uno de los debates más reveladores de la campaña ha sido el posicionamiento del presidente andaluz del Partido Popular respecto a la denominada “Prioridad Nacional”. El presidente ha afirmado públicamente que la Prioridad Nacional sería contraria a la Constitución Española y al Estatuto de Autonomía de Andalucía. Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente jurídica, esa afirmación resulta radicalmente falsa.
La Constitución Española no prohíbe establecer prioridades objetivas en el acceso a determinados recursos públicos cuando existan criterios razonables, proporcionados y vinculados al interés general. El propio ordenamiento jurídico español utiliza constantemente mecanismos de preferencia basados en el arraigo, el empadronamiento, la residencia continuada, la situación familiar, la discapacidad, la renta o la cotización al sistema. La igualdad constitucional no significa tratar exactamente igual situaciones diferentes, sino impedir arbitrariedades y discriminaciones injustificadas. Por ello, sostener que toda política de Prioridad Nacional es automáticamente inconstitucional no responde a un análisis técnico del Derecho, sino a una posición política e ideológica.
La contradicción resulta todavía más evidente cuando el Presidente andaluz califican de “inconstitucional” la Prioridad Nacional y considera, sin embargo, plenamente defendible el proceso de regularización impulsado por el Gobierno socialista. Porque el verdadero problema jurídico y democrático no es debatir cómo priorizar objetivamente recursos limitados. El verdadero problema es promover una regularización masiva carente de garantías suficientes.
La preocupación de muchos ciudadanos no nace del rechazo al inmigrante legal ni del cuestionamiento de los derechos fundamentales. Nace de la ausencia de controles rigurosos y de la sensación creciente de que el sistema ha dejado de proteger el interés general. La carencia de comprobación efectiva de antecedentes penales, incluso alertada por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sobre la imposibilidad material de verificar información en determinados países y sobre la utilización pervertida de certificados de vulnerabilidad emitidos por ONG financiadas con fondos públicos. Es decir, entidades subvencionadas por el propio Gobierno participan en procedimientos que facilitan mecanismos de arraigo o regularización promovidos por ese mismo Gobierno. La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es legítima: dónde queda la neutralidad, la seguridad jurídica y el control efectivo del procedimiento.
Mientras este debate se desarrolla, Andalucía atraviesa problemas estructurales cada vez más graves. La sanidad pública soporta listas de espera insoportables, el acceso a especialistas se retrasa durante meses y miles de jóvenes andaluces encuentran enormes dificultades para acceder a vivienda o empleo estable. Familias trabajadoras observan cómo aumenta la presión económica mientras disminuye su capacidad adquisitiva y sienten, además, que las administraciones priorizan cada vez menos a quienes llevan décadas sosteniendo el sistema con sus impuestos.
Pero quizá el símbolo más dramático de esta crisis sea el campo andaluz. Las consecuencias derivadas de las políticas comerciales internacionales y, especialmente, de Mercosur están colocando al sector agrario en una situación crítica. El arranque de olivos no representa únicamente una pérdida económica. Supone arrancar una parte de la propia Andalucía. El olivo forma parte de la identidad histórica, cultural y social andaluza. Cada explotación que desaparece implica empleo perdido, despoblación rural, empobrecimiento de municipios y destrucción de generaciones enteras vinculadas al campo.
Mientras tanto, Marruecos se consolida progresivamente como proveedor agrícola estratégico para Europa, incluyendo el sector oleícola, en condiciones que muchos agricultores españoles consideran profundamente desiguales. Los productores andaluces denuncian competir contra mercados con menores exigencias laborales, fiscales y medioambientales mientras ellos soportan cada vez más cargas regulatorias. El resultado es devastador: Andalucía produce menos, depende más y pierde soberanía económica.
Sin embargo, una parte del establishment político y mediático pretende convertir cualquier discusión sobre inmigración, prioridad administrativa o protección del tejido económico nacional en una especie de debate prohibido. Pero defender que quienes han construido y sostenido un país merecen prioridad objetiva en determinados ámbitos no es extremismo. Es un debate político y jurídico legítimo presente en numerosos países europeos.
Lo verdaderamente preocupante para una democracia no es que existan ciudadanos que planteen estas cuestiones, sino que determinados sectores intenten impedir siquiera el debate mediante etiquetas o descalificaciones morales. Porque cuando la ciudadanía percibe que no puede expresar preocupaciones reales sobre empleo, vivienda, seguridad, campo o sostenibilidad de los servicios públicos, la fractura entre instituciones y sociedad se agranda todavía más.
Por eso las elecciones andaluzas del 17 de mayo trascienden el marco autonómico. Muchos ciudadanos sienten que votan entre dos modelos completamente distintos: uno basado en la continuidad de políticas de regularización masiva, globalización económica y debilitamiento progresivo del tejido productivo nacional; y otro centrado en recuperar criterios de arraigo, proporcionalidad, contribución y protección hacia quienes sostienen el sistema y forman parte de la continuidad histórica, económica y social de Andalucía.
La cuestión de fondo es sencilla, aunque profundamente incómoda para muchos dirigentes políticos: decidir si Andalucía seguirá aceptando políticas que debilitan su campo, saturan sus servicios y diluyen el valor del esfuerzo de quienes han levantado esta tierra, o si comenzará a exigir que los andaluces vuelvan a ser prioridad dentro de su propia tierra. Es decir, ¿Prioridad Nacional sí o no?
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