¿Aceptará la izquierda perder el poder o intentará imponer en las calles lo que los españoles hayan decidido en las urnas?
«En las calles de Madrid no va a haber paz». Esta es la inquietante declaración que, según las informaciones difundidas, se habría pronunciado desde la extrema izquierda en la Asamblea de Madrid. Una afirmación cuyo contexto exacto debe verificarse, pero que plantea una cuestión de enorme trascendencia democrática: ¿Qué ocurrirá si la derecha gana las elecciones y PP y Vox consiguen formar Gobierno? ¿Aceptará la izquierda abandonar el poder o asistiremos a una estrategia de confrontación destinada a impedir que gobiernen quienes hayan obtenido legítimamente el respaldo de los españoles?
No sabemos si arderán las calles. Pero tampoco podemos ignorar el riesgo de que determinados sectores radicalizados pretendan convertir una derrota electoral en una excusa para la violencia. Porque una cosa es manifestarse contra un Gobierno y otra muy distinta amenazar con hacer ingobernable un país cuando las urnas no conceden el poder a quienes parecen considerarse sus propietarios naturales.
España no pertenece a la izquierda. El poder no es una propiedad hereditaria del PSOE y la democracia no consiste en que unos tengan derecho a gobernar mientras los demás debamos limitarnos a obedecer.
Durante demasiado tiempo, determinados sectores políticos han pretendido convencernos de que ellos representan la democracia, la libertad, la justicia y una supuesta superioridad moral, mientras quienes pensamos de manera diferente somos presentados como una amenaza que debe ser combatida. Bajo esa concepción, el adversario político deja de ser un ciudadano con idénticos derechos para convertirse en un enemigo al que hay que desacreditar, excluir o impedir que gobierne.
Y ahí comienza el verdadero peligro. Cuando una ideología se atribuye el monopolio de la legitimidad democrática, termina considerando intolerable que los ciudadanos puedan elegir otra alternativa. La democracia deja entonces de entenderse como un sistema de libertades y alternancia política para convertirse en un instrumento que únicamente se respeta cuando garantiza la permanencia de los propios en el poder.
Conviene recordar algo elemental: la soberanía nacional reside en el pueblo español. No reside en el PSOE, ni en sus socios parlamentarios, ni en los sindicatos, ni en los movimientos que se proclaman representantes exclusivos de la voluntad popular. Reside en todos los españoles, con independencia de sus ideas políticas. Y el voto de un ciudadano de derechas vale exactamente lo mismo que el de uno de izquierdas, aunque a algunos les resulte insoportable aceptarlo.
El verdadero examen democrático no llega cuando se ganan las elecciones, sino cuando se pierden. Es entonces cuando se demuestra quién respeta realmente la libertad de los ciudadanos y quién únicamente acepta la democracia cuando gobiernan los suyos.
La calle no puede sustituir a las urnas
La Constitución reconoce y protege el derecho de reunión y manifestación. Se trata de una libertad fundamental que debe garantizarse con independencia de quién gobierne y de quién proteste. Pero ese derecho no ampara la violencia, las agresiones ni la destrucción de bienes públicos o privados. Manifestarse no es incendiar contenedores. Protestar no es destrozar escaparates. Defender una ideología no concede derecho alguno a agredir a policías o intimidar a quienes piensan de manera diferente.
La calle no puede convertirse en un Parlamento paralelo desde el que determinados grupos pretendan imponer aquello que no han conseguido mediante los procedimientos democráticos. Una mayoría parlamentaria legítimamente constituida tiene derecho a desarrollar su programa dentro de los límites constitucionales. Sus adversarios pueden criticarlo, combatirlo políticamente, recurrir sus decisiones ante los tribunales y trabajar para sustituirlo en las siguientes elecciones. Lo que no pueden hacer es utilizar la violencia para impedir que gobierne.
El problema no es que alguien salga a manifestarse con una bandera republicana, comunista, socialista, conservadora o nacionalista. El problema comienza cuando considera que esa bandera le concede derecho a destruir, agredir o intimidar.
No existen violentos buenos porque sean de izquierdas y violentos malos porque sean de derechas. La violencia no tiene privilegios ideológicos y la ley debe aplicarse a todos por igual.
Pero existe un peligro todavía mayor que los propios disturbios: que la amenaza de violencia termine condicionando las decisiones de un Gobierno legítimo. Que un Ejecutivo renuncie a desarrollar determinadas reformas por miedo a los incendios, que un Parlamento deje de legislar ante la posibilidad de enfrentamientos o que millones de ciudadanos descubran que su voto no basta para cambiar las políticas de su país porque una minoría pretende impedirlo mediante la intimidación.
Eso supondría una perversión intolerable del sistema democrático. Porque entonces ya no serían únicamente las instituciones elegidas conforme a la Constitución las que determinarían el rumbo político de España. También lo haría el miedo. El miedo a los disturbios, a las agresiones, a la destrucción y a quienes pretenden convertir cada decisión política en una amenaza para la convivencia.
Un Gobierno no puede convertirse en rehén de los violentos. Un Parlamento no puede legislar bajo intimidación. Y los españoles no pueden perder en las calles el derecho a decidir que ejercen en las urnas.
¿Quién paga la violencia? Los españoles que trabajan y cumplen la ley
Hay una cuestión que suele quedar relegada cuando se habla de disturbios: quién termina pagando los destrozos. ¿Quién paga los escaparates de los comerciantes que encuentran sus negocios destruidos? ¿Quién paga los vehículos incendiados, el mobiliario urbano destrozado y las instalaciones públicas dañadas? ¿Quién soporta los costes de los servicios que deben movilizarse para restablecer la seguridad?
En muchos casos, los propios ciudadanos, directamente a través de los daños sufridos o indirectamente mediante los recursos públicos destinados a reparar sus consecuencias.
Hablamos del pequeño comerciante que lleva años levantando su negocio, del autónomo que apenas consigue llegar a fin de mes, de la familia que necesita su vehículo para trabajar y de millones de españoles que se levantan cada mañana para cumplir sus obligaciones y pagar impuestos. ¿Qué responsabilidad tienen ellos en la frustración electoral de quienes deciden utilizar la violencia? Ninguna. Sin embargo, pueden terminar soportando sus consecuencias.
Nadie tiene derecho a destruir el esfuerzo de toda una vida porque no le guste el resultado de unas elecciones. Y nadie debería pretender que los españoles paguemos impunemente la factura de quienes utilizan el vandalismo como instrumento de presión política.
Quien destruye debe responder por lo que destruye. Quien agrede debe afrontar las consecuencias legales de sus actos. Y quien ocasiona perjuicios debe asumir las responsabilidades civiles que correspondan. No es admisible que el ciudadano que trabaja, cumple la ley y sostiene con sus impuestos los servicios públicos tenga que contemplar cómo se destruyen bienes colectivos mientras sus responsables pretenden presentarse como defensores de la democracia.
La reforma penal que debería abordar un nuevo gobierno
Si PP y Vox llegan al Gobierno de España, considero que una de las reformas que deberían abordar es una revisión profunda de la respuesta penal frente a los disturbios violentos y las conductas más graves contra el orden público.
No hablo de perseguir manifestaciones, limitar arbitrariamente la libertad de expresión o castigar la disidencia política. Hablo precisamente de lo contrario: de proteger los derechos fundamentales frente a quienes pretenden utilizar la violencia para imponer sus objetivos.
Nuestro Código Penal ya contempla los delitos de desórdenes públicos, daños, incendios y atentados contra la autoridad, entre otras conductas. Sin embargo, considero necesario revisar si el marco vigente ofrece una respuesta suficientemente eficaz y proporcionada frente a los episodios de violencia colectiva de especial gravedad.
La reforma debería estudiar un endurecimiento proporcionado de las penas en los supuestos más graves de violencia organizada, incendios intencionados, agresiones y destrucción de infraestructuras o bienes públicos y privados, junto con mecanismos eficaces para exigir la reparación de los perjuicios ocasionados. Todo ello con pleno respeto a los principios de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad e individualización de las penas.
No necesitamos castigos ideológicos. Necesitamos responsabilidades individuales. No necesitamos arbitrariedad. Necesitamos seguridad jurídica. Y no necesitamos un Estado que renuncie a ejercer sus competencias por miedo a quienes amenazan con provocar disturbios.
La libertad de manifestación merece la máxima protección constitucional. La violencia no merece protección ideológica alguna.
También resulta imprescindible garantizar los medios necesarios para que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan desempeñar sus funciones con eficacia y dentro de la legalidad. Defender su actuación legítima no significa concederles impunidad, sino reconocer que la seguridad de los ciudadanos constituye una obligación esencial de los poderes públicos.
Porque el orden público democrático no es un instrumento de represión. Es una condición necesaria para el ejercicio efectivo de las libertades. El comerciante tiene derecho a abrir su negocio, el trabajador a desplazarse, las familias a vivir sin miedo y los ciudadanos a circular libremente. Ninguno de esos derechos desaparece porque otros decidan manifestarse.
Nadie puede exigir libertad para sí mismo mientras pretende arrebatársela a los demás mediante la violencia.
El verdadero peligro: gobernar mediante el miedo
Lo que debería preocuparnos no es únicamente la posibilidad de que se produzcan alteraciones del orden público. Lo verdaderamente grave sería que determinados grupos pretendieran utilizar la amenaza de disturbios como mecanismo de presión permanente sobre un Gobierno elegido democráticamente.
Imaginemos que una mayoría parlamentaria aprueba una reforma dentro del marco constitucional y que, inmediatamente, determinados movimientos anuncian una campaña de confrontación destinada a impedir su aplicación. Imaginemos que las instituciones comienzan a renunciar a sus decisiones porque consideran que el coste de mantener el orden público resulta políticamente insoportable.
¿Qué valor tendría entonces el voto de los ciudadanos? ¿De qué serviría la alternancia democrática si quienes pierden las elecciones pudieran conservar mediante la intimidación un poder que las urnas les han retirado?
Una democracia no puede funcionar bajo semejante amenaza. El pluralismo político exige aceptar que otros puedan gobernar, incluso cuando sus ideas nos resulten profundamente contrarias. Esa aceptación no implica renunciar a la oposición, a la crítica o a la protesta. Implica reconocer que ninguna ideología está por encima de las reglas comunes.
La izquierda española tiene todo el derecho a rechazar las políticas de un eventual Gobierno de PP y Vox. Tiene derecho a movilizarse, manifestarse y ejercer una oposición tan intensa como permita nuestro ordenamiento jurídico. Pero no tiene derecho a impedir mediante la violencia que ese Gobierno ejerza legítimamente sus funciones. Exactamente igual que tampoco lo tendría la derecha frente a un Gobierno de izquierdas.
La legitimidad democrática no cambia según las siglas de quien gana las elecciones. Y quien pretende apropiarse de ella para excluir a sus adversarios demuestra una preocupante incapacidad para aceptar el pluralismo político.
España debe poder cambiar de Gobierno sin que ardan sus calles
España necesita instituciones capaces de garantizar que cualquier cambio político se produzca con normalidad democrática. Que los ciudadanos puedan votar libremente, que los resultados sean respetados y que los gobiernos legítimamente constituidos puedan ejercer sus competencias dentro del marco constitucional.
No podemos resignarnos a una democracia en la que la alternancia política venga acompañada del temor a la violencia. No podemos aceptar que las instituciones se sientan intimidadas ante la posibilidad de aplicar reformas legítimas. Y no podemos permitir que determinados grupos pretendan sustituir el debate parlamentario por la presión de los disturbios.
El verdadero compromiso con la democracia se demuestra respetando las decisiones de los ciudadanos, especialmente cuando no coinciden con nuestras preferencias políticas.
Porque perder unas elecciones no convierte a nadie en víctima de una injusticia. Simplemente significa que los ciudadanos han decidido confiar en otra alternativa. Y esa decisión debe respetarse.
No sabemos si arderán las calles cuando gobierne la derecha. Pero sí sabemos que ningún español debería tener miedo de votar por un cambio político. Nadie debería temer que su ciudad se convierta en un escenario de enfrentamientos porque determinados sectores no acepten el resultado electoral. Y ningún Gobierno legítimo debería renunciar a sus competencias constitucionales por miedo a quienes recurran a la violencia.
España no pertenece al PSOE, ni a sus socios, ni a los sindicatos, ni a los movimientos radicales. Tampoco pertenece al PP ni a Vox. España pertenece a los españoles.
A quienes votan a la izquierda y a quienes votan a la derecha. A quienes desean continuidad y a quienes exigen un cambio. A quienes piensan de una manera y a quienes defienden exactamente lo contrario. Todos tienen el mismo derecho a participar en las decisiones sobre el futuro de su país.
Por eso, si se producen disturbios, la respuesta del Estado deberá ser firme, legal y proporcionada. Sin impunidad para quienes agredan, sin privilegios para quienes destruyan y sin excusas ideológicas para justificar la violencia.
Que nadie pretenda llamar democracia a los incendios. Que nadie pretenda llamar libertad a las agresiones. Y que nadie pretenda convertir una derrota electoral en una autorización para sembrar el miedo entre los españoles.
Si la izquierda pierde las elecciones, tendrá que aceptar que España puede gobernarse sin ella.
Y si alguien pretende impedir mediante la violencia que gobierne una mayoría legítima, deberá encontrarse enfrente toda la firmeza del Estado de derecho. La seguridad en las calles también debe ser una prioridad nacional.
Porque los gobiernos se cambian con votos, no con violencia. Porque la soberanía pertenece a los españoles, no a quienes gritan más fuerte. Y porque una democracia que solo puede cambiar de Gobierno con el permiso de quienes pierden las elecciones ha dejado de ser una democracia verdaderamente libre.
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