Cada verano asistimos al mismo guion. Miles de hectáreas calcinadas, agricultores y ganaderos arruinados, pueblos amenazados y un mensaje que se repite como un dogma: la culpa es del cambio climático.
Es evidente que las altas temperaturas y las sequías aumentan el riesgo de incendios. Negarlo sería tan absurdo como convertir ese factor en la explicación única. Porque hacerlo permite evitar una pregunta mucho más incómoda: ¿Qué responsabilidad tienen las políticas públicas y las malas leyes en el abandono de nuestros montes?
El fuego no comienza cuando aparece la primera llama. Comienza años antes, cuando se impide gestionar el territorio con sentido común; cuando limpiar un monte resulta cada vez más difícil por el exceso de burocracia; cuando quien vive del campo es tratado como un sospechoso en lugar de como el primer aliado en la conservación de la naturaleza; y cuando la política sustituye la experiencia por la ideología.
La Constitución Española, en su artículo 45, no solo reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. También impone a los poderes públicos el deber de protegerlo mediante la utilización racional de los recursos naturales. Proteger no significa únicamente prohibir. Significa prevenir, gestionar y conservar. Sin embargo, durante años hemos confundido la protección con el inmovilismo, como si abandonar el monte fuera la mejor manera de preservarlo. El resultado está a la vista: montes abandonados, acumulación de biomasa, desaparición del pastoreo y de la agricultura tradicional, despoblación rural y una normativa que, en demasiadas ocasiones, dificulta más la gestión preventiva que el propio abandono. Mientras tanto, quienes han vivido toda la vida del campo ven cómo personas alejadas de esa realidad pretenden decirles cómo cuidar un territorio que conocen infinitamente mejor.
El mayor enemigo del medio ambiente no es quien limpia un monte, mantiene un cortafuegos o aprovecha los recursos forestales de forma responsable. El mayor enemigo puede ser una legislación que impide hacerlo con eficacia. Una mala política medioambiental termina provocando exactamente aquello que dice combatir. Cuando la ideología desplaza a la gestión y el dogma sustituye a la experiencia, las consecuencias las paga la naturaleza.
No es la primera vez que ocurre. Determinadas corrientes ideológicas han transformado causas legítimas en auténticos dogmas. Ha sucedido con determinadas expresiones del feminismo radical y también con cierto ecologismo radical. Ambos parten de objetivos que pueden ser compartidos —la igualdad entre mujeres y hombres o la protección del medio ambiente—, pero una parte de esos movimientos ha terminado convirtiendo cualquier discrepancia en una herejía y cualquier crítica en un motivo de descalificación.
El problema aparece cuando la ideología deja de estar al servicio de la realidad y pretende sustituirla. Cuando el activismo ocupa el lugar de la ciencia, de la experiencia y del conocimiento técnico, las decisiones dejan de evaluarse por sus resultados para juzgarse únicamente por su corrección ideológica. Quien cuestiona el modelo es etiquetado, silenciado o desacreditado, aunque la evidencia demuestre que las políticas aplicadas están fracasando.
Lo estamos viendo en demasiados ámbitos. En nombre del ecologismo se han impulsado normas que dificultan la limpieza de los montes, reducen el aprovechamiento forestal y expulsan progresivamente a quienes durante generaciones los han mantenido vivos. En nombre de determinadas corrientes del feminismo radical se han aprobado leyes que han generado efectos indeseados y han debilitado principios esenciales del Estado de Derecho. En ambos casos existe un denominador común: la negativa a rectificar cuando los hechos desmienten el relato.
El Derecho exige exactamente lo contrario. El artículo 129 de la Ley 39/2015 obliga a que toda norma responda a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Una ley que produce efectos contrarios a los perseguidos no debe blindarse por razones ideológicas: debe modificarse o derogarse. Esa es la esencia de un Estado de Derecho.
Gobernar no consiste en multiplicar prohibiciones ni en convertir cada problema en una oportunidad propagandística. Gobernar consiste en asumir la responsabilidad de las consecuencias de las decisiones adoptadas. Por eso resulta especialmente preocupante comprobar cómo, año tras año, algunos responsables políticos utilizan los incendios para reforzar un discurso centrado exclusivamente en el cambio climático mientras eluden cualquier autocrítica sobre el abandono del mundo rural, la despoblación, la acumulación de combustible vegetal, la burocracia que dificulta la prevención o la ausencia de una verdadera política forestal.
El monte no necesita eslóganes. Necesita gestión. Necesita ganaderos, agricultores, ingenieros forestales, selvicultura, pastoreo, cortafuegos, limpieza, planificación y una legislación que facilite la prevención en lugar de obstaculizarla. España necesita menos propaganda y más gestión. Menos dogmas y más ciencia. Menos activismo y más evaluación de resultados. Menos políticos preocupados por el relato y más gobernantes preocupados por proteger de verdad nuestro patrimonio natural.
Durante demasiados años, tanto el PSOE como el PP han compartido, con distintos matices, un modelo de política forestal incapaz de afrontar las causas estructurales del problema. El resultado está a la vista cada verano. El cambio climático puede aumentar el riesgo de incendios. Lo que no obliga es a abandonar los montes, impedir su adecuada gestión, dificultar su limpieza o legislar de espaldas a quienes los han cuidado durante generaciones. Esas decisiones tienen responsables políticos y legislativos. La naturaleza no entiende de ideologías. El fuego tampoco. Pero las leyes sí. Y unas buenas leyes pueden salvar nuestros montes, mientras que unas malas leyes, dictadas desde el dogmatismo ideológico y la demagogia política, pueden convertirlos en un inmenso polvorín. Es un paso adelante el Plan Forestal Integral enfocado en la limpieza de montes mediante el aprovechamiento de la biomasa y el impulso de la industria forestal, que se ha firmado en la Comunidad de Castilla y León entre PP y VOX donde, además de la prioridad nacional se demuestra un interés por la prevención.
Cuando eso ocurre, el problema deja de ser exclusivamente ambiental. Se convierte en un fracaso político, jurídico e institucional del que los gobernantes deben rendir cuentas ante los ciudadanos.
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